Londres (EFE).- La Cámara de los Comunes (baja) británica aprobó este viernes por 330 votos a favor frente a 275 en contra la proposición de ley planteada por la diputada laborista Kim Leadbeater para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales.

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Una diferencia de 55 votos permitirá que este texto prosiga su trámite parlamentario, con la presentación de enmiendas y escrutinio en la Cámara de los Lores (alta), previo a un voto final que aún tardaría meses.

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Los diputados expresaron sus opiniones y debatieron los diferentes puntos de vista desde las 9:30 GMT hasta casi las 14:30 GMT, cuando se conoció el resultado de una votación en la que los partidos dieron a los parlamentarios libertad de sufragio, al considerar que se trata de un asunto de conciencia.

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En el caso del primer ministro británico, Keir Starmer, que había mantenido una posición neutra hasta el momento, el recuento de votos mostró que se posicionó a favor de la proposición de ley.

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La denominada ‘Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales’, cuya iniciativa legislativa corresponde a Leadbeater a título personal, legalizaría en Inglaterra y Gales, en caso de que se produzca su aprobación definitiva, que los mayores de 18 años que padecen una enfermedad terminal puedan recibir asistencia para morir.

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Las Cámaras del Parlamento en Londres, Gran Bretaña. EFE/EPA/NEIL HALL/ Archivo

Penas de hasta 14 años

A diferencia de propuestas pasadas, que habían resultado fallidas, la iniciativa de Leadbeater impone más requisitos a los interesados y convierte en delito, con penas de hasta 14 años por presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o declare que quiere acabar con ella.

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Los interesados deben ser residentes de Inglaterra o Gales y llevar al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, además de tener una expectativa de vida de menos de seis meses y estar en capacidad de tomar la decisión y expresar un deseo “claro, firme, informado y libre de coerción o presión.

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Los afectados tendrán que hacer dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, sobre su deseo de morir, y deberán someterse a la evaluación de dos médicos y obtener una orden judicial.

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El texto aprobado dispone que, aunque un médico podría preparar el compuesto letal, debe ser la persona misma quien lo tome y nadie más estaría autorizado a administrarlo.

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Durante el transcurso del debate, a las puertas del Parlamento se manifestaron este viernes diversas organizaciones, incluidas de personas con discapacidades, tanto a favor como en contra del proyecto legislativo.

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